Dorys Ardila Muñoz, es jurista y ha dedicado una buena parte de su vida a la docencia universitaria, al estudio y defensa de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la cooperación internacional y la justicia transicional; estos han sido los ámbitos en los que se desempeñado profesionalmente a lo largo de su vida laboral .

Por más de 15 años, desarrolló un trabajo de carácter humanitario en la Cruz Roja Colombiana, fue la coordinadora del Programa Nacional de Resolución de Conflictos de esta organización, con un énfasis en el derecho humanitario. Ha trabajado con diferentes organizaciones sociales en Colombia y en el exterior.

Cuando inició el gobierno del presidente Álvaro Uribe en el año 2002, por amenazas contra su vida se vio obligada a salir de Colombia hace 21 años, actualmente reside en Barcelona.

VEA: ¿Cómo fue su vinculación al Comité de Seguimiento y Monitoreo (CMS) a la implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad?

D.A: Cuando llegué a Barcelona en 2003, empecé a trabajar como instructora de Derecho Internacional Humanitario para las Fuerzas Armadas españolas, que era una parte del trabajo que yo realizaba con la Cruz Roja Colombiana. Luego ingresé a la escuela de Cultura de Paz en 2004 con el profesor Vicens Fisas, quien es uno de los mayores expertos del mundo en el estudio y análisis de negociaciones de paz y él fundó un programa especial sobre Colombia, en el que trabajé por más de 10 años

En el año 2016, se conformó la Mesa Ciudadana por la Verdad más conocida como la Mesa por la Verdad, en la que confluyen organizaciones históricas que han trabajado en la defensa, protección y garantía por los derechos humanos, he participado de este espacio, desde ese momento hasta ahora. Este espacio fue el impulsor del decreto que sirvió de fundamento jurídico para la creación de la Comisión de la Verdad, conjuntamente con la dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Una vez creada la Comisión de la Verdad (CEV), uno de los Comisionados elegidos, el Dr. Carlos Martín Beristain, en el proceso de organización y estructuración de la CEV, vió la necesidad de cohesionar el trabajo que muchas organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones de víctimas habían desarrollado y que lo siguen haciendo en defensa de los derechos de las víctimas, y realizó una serie de reuniones en diferentes países en las Américas y en Europa. Mediante los contactos facilitados por las lideresas y líderes de estas organizaciones de colombianos y colombianas en el exterior, se fueron convocando estas personas, sobre la base de un voto de confianza en estos liderazgos históricos, que luego acompañaron el trabajo de la Comisión de la Verdad. Este proceso convocado y liderado por el excomisionado Beristaín, dio paso a la conformación de la macroregión internacional, que catalizó los esfuerzos de las organizaciones colombianas y organizaciones internacionales de los países receptores de víctimas en el exterior y exiliadas, logrando la consolidación de alianzas que contribuyeron al apoyo de la Comisión. Así se inició este trabajo de realización de entrevistas con las víctimas en el exterior, la elaboración de informes y la documentación de casos de víctimas en el exilio.

Después de cuatro años de trabajo y tiempo dónde me desempeñé como responsable de la línea de pedagogía del Nodo Cataluña (que fue la denominación dada a la confluencia de organizaciones colombianas en el exterior, organizaciones locales de ciudadanos y ciudadanas de países receptores y diferentes expertos y personalidades del mundo de la cultura, defensa de los Derechos Humanos y construcción de paz, se constituyeron 24 de estos nodos en 20 países del Mundo) desarrollando encuentros de reflexión sobre verdad, memoria y justicia con estudiantes colombianos de maestrías y doctorados. Además de realizar una labor de incidencia desde la Mesa Catalana por la Paz y Los Derechos Humanos de Barcelona en espacios de tomas de decisiones con instancias de la Gobernanza y el Parlamento Catalán, se logró el reconocimiento del exilio colombiano en ayuntamientos como el de la ciudad de Barcelona, Lérida y Sabadell. Por otro lado, en todas las ciudades donde había nodos de la Comisión, que conformaban la macro-territorial internacional de la CEV y que básicamente eran las organizaciones de exiliados y exiliadas, y otras afines, se realizaron actuaciones pedagógicas en el ámbito de la incidencia política.

Al finalizar esa labor desde el plenario de la Comisión solicitaron hojas de vida de algunas personas que habíamos participado en este proceso de trabajo de 4 años en la Colombia fuera de Colombia, en el exterior y se presentaron al plenario y por votación se escogieron los 7 miembros del Comité de Monitoreo y Seguimiento al proceso de implementación de las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad o como se le conoce por su siglas ahora CSM, de este proceso salimos cuatro integrantes de organizaciones que pertenecen a la Mesa por la Verdad.

VEA: A dos años de la entrega del Informe de la Comisión de la Verdad ¿Cuáles cree que han sido los principales logros y desafíos del CSM en su rol?

D.A: A partir del trabajo de seguimiento y monitoreo, y después de la sistematización de las recomendaciones del capítulo de “ Colombia fuera de Colombia” que cuenta con 33 recomendaciones para la atención, reparación integral y participación de la población en el exterior, hay avances parciales. Por ejemplo, se amplió el plazo por tres años, para que las víctimas declaren la ocurrencia de hechos victimizantes ante el Ministerio Público y los consulados, mediante la modificación a la Ley 2343 de 2023, y así quedar registrados en el Registro Único de Víctimas (RUV). Este hecho es de especial importancia para la población exiliada, dado el enorme subregistro existente frente al número de personas exiliadas y víctimas en el exterior.

Hacia los años 60 y 70, los grupos de exiliados se juntaron para realizar acciones conjuntas y un trabajo de incidencia ante las instancias de los Estados que les dieron refugio o un estatuto o mecanismo de protección. Por eso, la Comisión trató de hacer una línea de tiempo desde los años 60 hasta la actualidad, para revisar en qué países estaban asentadas esas comunidades de colombianos, que por una razón u otra derivada del conflicto armado, se vieron obligadas a salir del país. Con el Informe de la Comisión de la Verdad, se puso por primera vez en la agenda pública el tema del exilio.

En segundo lugar, se han hecho siete actos de reconocimiento a las víctimas y de la responsabilidad extrajudicial en el exterior por parte del Estado colombiano convocadas por la Embajada de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en cabeza del Embajador Gustavo Gallón, quien hasta el momento, es el único que se ha tomado con seriedad estos actos de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado Colombiano.

Otro avance ha sido un pequeño incremento en entrega de indemnizaciones a las víctimas en el exterior, que representa el 1.23% de las víctimas, las articulaciones de carácter interinstitucional que se lleva a cabo lentamente pero al menos está empezando a funcionar orientadas a garantizar la participación de las víctimas en el exterior con el Sistema Integral de Paz, la Cancillería, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierra (URT) y el Centro Nacional de Memoria Histórica, y el rediseño en el formulario de caracterización de la población de víctimas en el exterior y la realización de una prueba piloto en Canadá con el Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior (GAVE), la Cancillería, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y el sistema de nacional de víctimas. Se ha creado un grupo pequeño de profesionales en algunos consulados para dar respuestas a las solicitudes de las víctimas con el fin de informarles sobre rutas de atención para que puedan hacer ejercicio de sus derechos.

De acuerdo con la UARIV, hay un aumento sostenido de salidas forzadas de personas colombianas en busca de protección internacional en los últimos años.

Por eso, los llamados y acciones a seguir para la implementación de esas recomendaciones concernientes con la atención, reconocimiento, reparación integral de la población exiliada y retornada son:

• Lograr el reconocimiento legal y político que quedó en la reforma a la Ley 1448 de 2011 como víctimas de desplazamiento forzado transfronterizo y del exilio como hechos victimizantes diferenciados y autónomos producidos en el marco del conflicto armado interno.
• Impulsar un paquete de medidas de política pública que atienda de manera específica los daños diferenciales del exilio como las consecuencias específicas que se derivan de todo ese proceso como son el retorno, la consecución de títulos, pensión, reconocimiento de los derechos de la segunda y tercera generación, o sea, los hijos, hijas y nietos del exilio.
• El CSM hace un llamado a dar continuidad a los actos públicos de reconocimiento en el exterior, bajo los principios de concertación y centralidad de las víctimas, especialmente en los nueve casos de exilio, que están priorizados en el capítulo de “La Colombia fuera de Colombia” del Informe de la Comisión de la Verdad.
• Destinar un mayor presupuesto para avanzar en medidas de reparación.
• En cuanto a las medidas de satisfacción, se deben dirigir esfuerzos a lograr que estos espacios vayan más allá de su dimensión exclusivamente conmemorativa, así como ampliar esfuerzos interinstitucionales para alcanzar una mayor convergencia articulación y sinergia, en clave de ampliar la participación de las víctimas y su acceso a derechos.
• Ampliar las estrategias que permitan el aumento de la cobertura y acceso a la atención psicosocial de víctimas en el exterior, así como la participación de población exiliada en procesos adelantados por el Sistema Integral de paz, la JEP y la UBPD, y los que se estén creando en el marco de diálogos planteados en la Paz Total del presidente Gustavo Petro.
• Identificar y generar mecanismos de seguimiento y monitoreo de indicadores para la evaluación de la implementación de las recomendaciones del exilio. Por ejemplo, esta labor ha permitido agilizar el registro de 200 solicitudes y acciones de participación de personas buscadoras y organizaciones en el exterior, y la vinculación activa de la población exiliada en el proceso de implementación de las recomendaciones.

Se requiere un compromiso del gobierno taxativo y una manifestación de voluntad política con el interlocutor principal que es la Cancillería colombiana. Ya van a dos años del trabajo del CSM y todavía no hemos podido sostener un diálogo directo con el Canciller. Se han realizado presentaciones de la sistematización de las recomendaciones del exilio y las acciones concernientes a cada una de ellas, con algunas de las entidades que hacen parte del SNARIV , que están concernidas con la implementación de acciones para impulsar el proceso de implementación de las recomendaciones del capítulo de la colombia fuera de Colombia del informe final de la CEV, en una mesa técnica que se llevó a cabo en noviembre de 2023, convocada por la Secretaría técnica del CSM. En ese orden de ideas potencializar las sinergias y las agendas conjuntas de trabajo porque se evidencia que cada entidad hace un trabajo por su lado.

Por eso, es clave que la Cancillería lidere esa conversación para trasladar esa institucionalidad a las víctimas. También, creo que es necesario hacer un ejercicio de pedagogía al interior de la Cancillería, embajadas y consulados con los funcionarios para que conozcan el Informe, y se apropien de las recomendaciones.

El Estado colombiano tiene una deuda grande histórica con las víctimas del conflicto armado en el exterior y con la ciudadanía en temas de migración, que si bien se han dado unos pasos, todavía falta mucho.

VEA: ¿Cuáles son los principales logros y retos de las organizaciones y aliados para seguir dinamizando el Legado de la Comisión de la Verdad en el exilio?

D.A: Palabreo una reflexión que le escuché al ex comisionado Saúl Franco: hay una mitad del país que no le interesa absolutamente nada de esto y es escéptica, que hace de cuenta como si el conflicto en Colombia no existiera. Por eso, es importante plantear un diálogo político, pedagógico, asertivo y responsable, que permita crear unas condiciones de un acuerdo político nacional que empuje las recomendaciones, porque estas son una carta de transición política para cerrar esos capítulos de violencia y guerra, y poder transitar a la situación donde se generan unos ceses al fuego y de hostilidades, y poder empezar a trabajar en socavar esas violencias estructurales para cerrar todo ese conjunto de conflictos que tenemos.

El reto es cómo generar unas condiciones de conversación nacional, que pueda abrir caminos al gran acuerdo nacional que permita construir agenda sobre intereses comunes, ese primer punto debería ser parar la guerra.

El otro reto importante y que no se menciona es cuidar la salud mental de quienes trabajamos en estos espacios, recientemente se publicó un documento el florero que se rompe y se publican unos testimonios de 8 extrabajadores de la CEV. La reflexión es que tanto las víctimas como quienes se ocupan de ellas, deben ser ciudadanos.

Este trabajo es denso, fuerte, de compromiso y también necesita unas condiciones mínimas, que permitan tener los equilibrios y no causar daños por la circunstancia que sea, este camino debe ser andado con cuidado y se deben tomar medidas para propiciar espacios del cuidado de la salud mental.

VEA: ¿Cómo avanzar en el reconocimiento del desplazamiento transfronterizo y el exilio como un hecho victimizante dentro de la reforma a la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras? Y en este sentido, ¿Cuáles son las estrategias o acciones claves que se deben desarrollar para avanzar en las recomendaciones relacionadas con el exilio?

D.A: En el texto definitivo que está publicado quedó consagrado así: “Se entenderá que es víctima de desplazamiento forzado o exiliado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional: desplazamiento interno o fuera del territorio nacional desplazamiento transnacional, ha abandonado su localidad de residencia o actividad económica habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas, o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo tercero de la presente ley”; . Con esa reforma, se reconoce el conjunto de acciones de atención, que históricamente ha venido haciendo desde la Unidad para las Víctimas con las víctimas en el exterior. Para mí es claro que el exilio en esa ley se asimila al desplazamiento forzado transfronterizo, y en ese texto ambas expresiones son análogas y están incluidas, en el sentido de formalizar el protocolo de atención a víctimas en el exterior. No queda reconocido el exilio taxativamente como una violación grave de Derechos Humanos.

VEA: ¿Cómo se puede fortalecer la articulación del Comité de Seguimiento y Monitoreo y el proceso de Trabajo en Red entre Aliados para apoyar el diálogo e incidencia o implementación de las recomendaciones?

D.A: Precisamente en el segundo informe del Comité de Monitoreo y Seguimiento, se destacan las acciones realizadas por víctimas en el exilio y generan un impacto importante, como el diplomado sobre el Informe Final con énfasis en las personas del exilio, en alianza con INDEPAZ y la Universidad Pedagógica, donde participaron más de 400 estudiantes. Así como las dos ediciones del encuentro amplio del exilio al Primer y Segundo Encuentro Internacional de diplomacia feminista por la paz, entre otros, que ha puesto sobre la mesa de las instituciones públicas el exilio, pero por otro, también es necesario reconocer que se han registrado más o menos 90 acciones de socialización, difusión, pedagogía del Legado en el exterior, lideradas por múltiples organizaciones de la sociedad civil en el exterior, la academia con apoyo de organizaciones internacionales. Estas acciones no vienen de ahora, sino que obedecen a una lucha histórica, es decir, una lucha que empieza con los defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos, mujeres, líderes del medio ambiente. Por eso, es importante reconocer los esfuerzos políticos y morales que las personas exiliadas han realizado para buscar su reconocimiento en Colombia, y que se abran caminos hacia la reparación.