Las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad no son nada nuevo. Salvo tres o cuatro de las 67 recomendaciones del capítulo de Recomendaciones y Hallazgos que ponen sobre la mesa discusiones nuevas, las demás son cuestiones que como sociedad tenemos parqueadas hace un buen tiempo. Algunas vienen de debates que se dieron en la Asamblea Constituyente del 91 y se dejaron en suspenso por no ser “el momento adecuado”. Otras, han sido discutidas por organizaciones de la sociedad civil y por actores internacionales, a oídos sordos de medios de comunicación y grupos políticos.

Incluso, como hace notar el Instituto Krock, el 59% de las recomendaciones responde a puntos del Acuerdo Final entre las Farc-ep y el Gobierno, firmado en 2016. Son cuestiones, discutidas a susurros, pendientes, urgentes, que no hemos querido afrontar; en últimas, por miedo a mirarnos en el espejo.

Lo realmente disruptivo de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad es la comprensión de la complejidad: en una relación causa-efecto, si se tiene una sola variable que causa un sólo efecto, diremos que hay una relación monocausal. Pero cuando el efecto que se produce depende de la interacción de múltiples variables y, a su vez, el efecto de una interacción se convierte nuevamente en otras causas que determinan otros efectos, hablamos de una correlación compleja. Tal es el caso de nuestro sufrido conflicto armado, que resuelve guerras sin transformaciones de fondo, conjurando el indecoroso ciclo de violencia política del que no hemos podido (querido) salir. Y tal es mérito de la Comisión de la Verdad: pasar del análisis de las partes a la comprensión del conjunto, dando cuenta de la complejidad.

De esta manera, el capítulo de Recomendaciones y Hallazgos del Informe de la Comisión marca un hito en el proceso de construcción de la nación, que nos lega no sólo una explicación sino una responsabilidad moral, a partir de dos elementos:

1. La comprensión integral de los factores de persistencia del conflicto armado, sus interacciones y dinámicas; los diferentes actores y sus grados de responsabilidad; y las condiciones sistémicas (económicas, políticas y culturales) que las han habilitado.
2. La creación de una ruta integrada de intervención para superar estos factores habilitantes de la violencia política, que organiza sistemáticamente la serie de cambios que deben darse en diferentes niveles, momentos, y desde diferentes sectores y actores.

Varias de estas acciones son parte de la agenda de trabajo de organizaciones y movimientos desde años atrás; otras las han incorporado en sus dinámicas a partir del Informe Hay Futuro si hay Verdad. Durante este año, en la plataforma SEREMOS se han identificado 85 acciones específicas que abren la discusión sobre las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, mapeando los esfuerzos que diferentes sectores están haciendo para aportar a su implementación.

Desde el Estado, la Policía nacional ha puesto en conversación su papel en la construcción de paz, los ministerios de Justicia e Interior han generado espacios de diálogo alrededor de las garantías de acceso a la justicia y la participación, y junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas se han abordado el reto de la creación de un sistema nacional de búsqueda con la integración de diversos actores. El Congreso ha incorporado las discusiones en sus dinámicas parlamentarias. Algunas alcaldías territoriales, como la de Yopal, han convocado espacios de diálogo multiactor. Y el Archivo General de la Nación dio inicio a un diplomado para apropiar el fondo documental en relación con los procesos de memoria.

Por su parte, la academia ha cualificado la conversación en torno a las recomendaciones discutiendo sobre los retos en la implementación. Muestra de ello dan el Semillero de Memoria y Paz de la Universidad Tecnológica de Bolívar con sus sesiones deliberativas; la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Javeriana de Cali, y la Universidad del Valle, generando conversatorios entre actores diversos e incluso contradictorios en sus posiciones políticas e ideológicas. O los esfuerzos que han hecho la Universidad Nacional y el Instituto CAPAZ, generando espacios y seminarios para la socialización y discusión ampliada de las Recomendaciones.

Desde los medios de comunicación también son notorios los espacios que han puesto la discusión sobre las recomendaciones en la agenda pública, desde la reportería de Colombia +20, la Revista Cambio, Noticias 1, y El Espectador que amplían el alcance de audiencias y discusiones para Una Conversación Permanente de País.

No se trata, como vemos, de un esfuerzo exclusivamente desde la Sociedad Civil. Varios sectores concurren en el importante reto de impulsar la implementación de las Recomendaciones del Informe, y cada día son más. Es una conversación urgente, acerca de los cómos, y con la necesidad de lograr los acuerdos de sociedad necesarios para avanzar.

El Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones, además de la difícil tarea de seguir cada una de ellas, se ha arrogado la valiente tarea de dar cuenta de las diferentes acciones que desde los territorios y desde diferentes sectores sociales van impulsando la implementación de las transformaciones necesarias. Así que seguimos caminando de la mano, porque los grandes retos requieren el concurso de muchos y diversos.