Ha pasado más de un año desde que la Comisión de la Verdad entregó a la sociedad colombiana su Informe Final, producto de un proceso de escucha, esclarecimiento y análisis de los impactos del conflicto armado en el país. Esta recopilación de voces y testimonios de víctimas y sobrevivientes en todas las regiones de Colombia permitió que, junto con el Informe Final, también se entregaran 67 recomendaciones que constituyen la hoja de ruta para seguir consolidando la paz en el país, y para garantizar la no repetición de diferentes tipos de violencias que enfrentan las comunidades en sus territorios por el conflicto armado.
Sin embargo, tras un año de ser presentadas las recomendaciones –con la esperanza de que fueran acogidas e implementadas en el corto y mediano plazo– surgen retos y desafíos en su avance, como los relacionados con la eliminación en el Congreso del Artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que establecía la implementación progresiva de todas las recomendaciones por parte de las entidades correspondientes en el país, entre otros.
En este contexto, desde la Red Aliada de la Comisión de la Verdad nodo Caribe, y respondiendo a la recomendación 67 del Informe Final, que hace un llamado a la sociedad a aproximarse al Legado de la Comisión de la Verdad, consideramos relevante propiciar encuentros entre la sociedad civil, autoridades territoriales, académicos y agentes de cooperación internacional, con el objeto de hacer un análisis con enfoque territorial, étnico, y de diversidad sexual y de género, sobre la implementación de las recomendaciones y la importancia de estas en la construcción de paz en el país.
Este proceso se ha realizado en diferentes territorios de Colombia, siendo el encuentro regional en el Caribe uno de los más recientes, llevado a cabo el pasado 27 de septiembre, en Barranquilla. Este espacio convocó a más de 50 personas con find de analizar la implementación de las recomendaciones en las ciudades, municipios y departamentos del Caribe colombiano.
En el encuentro, se desarrolló un panel de conversación sobre la implementación de las recomendaciones de la Comisión en clave territorial, en el cual participaron Marta Ruiz, excomisionada de la Verdad; Marta Villa, investigadora, consultora en temas de paz, memoria, y reconciliación; Julia Eva Cogollo, líder afro de la Ruta Cimarrona del Caribe y miembra del Comité de Seguimiento y Monitoreo; y Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo y miembro del Comité de Seguimiento y Monitoreo. Estas voces, claves en la construcción de paz en el país, conversaron sobre los avances, retos y desafíos en la implementación de las recomendaciones.
Marta Ruiz expresó: “El problema que tenemos es la apropiación social de las recomendaciones y, en general, del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Yo creo que desde la Red Aliada se tienen que seguir ampliando los círculos de conversación, llegar a otros públicos, poner los temas en lugares donde se tomen decisiones que puedan incidir en las transformaciones que se proponen en las recomendaciones. También hay un reto en la persistencia; creo que esta es una tarea a largo plazo y hay que tener una estrategia sobre cómo priorizar qué es lo importante en cada territorio, qué acciones son estratégicas y con qué actores. Tenemos mucho en lo que pensar”.
Luego del panel de conversación, las y los asistentes conformaron tres mesas de trabajo; en cada una de ellas se conversó y trabajó alrededor del enfoque territorial, de género y étnico, y se analizaron las recomendaciones de la Comisión, los retos y posibles propuestas para su implementación en el corto, mediano y largo plazo.
Desde el enfoque territorial, se identificaron pocos avances en las recomendaciones 51 y 52, que indican la necesidad de implementar acciones de acceso equitativo, democrático y ambientalmente sostenible de la tierra y los territorios. Las personas asistentes también alertaron sobre la necesidad de concentrar esfuerzos en las recomendaciones sobre prevención y reversión del despojo de tierras y territorios, así como la reparación efectiva de sus víctimas. Estos factores se detallan desde la recomendación 58 hasta la 61.
En cuanto a los hallazgos, en la mesa de trabajo de género y LGBTIQ+ se consideró urgente la implementación de las recomendaciones 25 y 26, que instan al Estado a incluir en sus acciones a los grupos históricamente excluidos, en aras de garantizar la igualdad de género y una vida libre de violencias para mujeres y personas LGBTIQ+. Se enfatizó en el postulado de la recomendación 26, que indica que no puede haber paz integral sin un trato diferencial hacia grupos históricamente excluidos, refiriéndose particularmente a pueblos étnicos, población campesina, mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas LGBTIQ+, personas en situación de discapacidad y de la tercera edad.
A su vez, en la mesa de trabajo con enfoque étnico se consideró urgente la puesta en marcha de la recomendación 11, que hace un llamado a implementar acciones efectivas respecto a la atención integral en salud –incluyendo la atención psicosocial– como una medida de reparación. Esta también insta a promover el reconocimiento y articulación con sistemas y prácticas de salud propias de los pueblos étnicos. Por otro lado, entre los hallazgos, se encontró la necesidad de implementar con urgencia la recomendación 18, que enfatiza en avanzar en un estatuto de derechos y garantías para las organizaciones y movimientos sociales (como organizaciones de mujeres, grupos étnicos, personas LGBTIQ+, campesinado, entre otros) que permita reconocer, fortalecer y garantizar su incidencia en asuntos públicos.
Este proceso fue socializado en plenaria y, a partir de ahí, se construirá un documento que describirá cuál es el panorama actual en la región Caribe, tras un año de haberse presentado las recomendaciones de la Comisión. Esto se realizará con el fin de consolidar insumos para la incidencia y, de esta forma, contar con herramientas para que las recomendaciones puedan incluirse en los planes de desarrollo departamentales y municipales, de cara a los cambios en las administraciones territoriales.
Finalmente, Marta Villa resaltó que “el sentido de estos espacios es juntar a amigos, amigas y aliados que han trabajado durante años, mucho antes de la Comisión de la Verdad, en temas de paz, participación ciudadana, reivindicaciones de derechos, etc., para ser los principales aliados en la apropiación de las recomendaciones. Que ayudemos todos en esta Red Aliada a pensar cómo es que estas recomendaciones van a tener vida, cómo van a tener asidero en los territorios, cómo van a interpelar a los gobiernos locales, a las organizaciones sociales, a la Academia, al Gobierno nacional. Es por eso que estos espacios son encuentros de diálogo, de intercambio, de concertación, de saber y, sobre todo, de construcción de propuestas desde las realidades territoriales”.
Este boletín es producido por La Paz Querida con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en Colombia-PNUD y Humanity United.
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