Con dos años y tres meses de existencia, el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM), avanza en el cumplimiento de su tarea, emanada del decreto ley que da vida al Sistema Integral para la Paz y de la resolución 019 del 2022 que materializa nuestras funciones en tres tareas específicas: crear un sistema de seguimiento y monitoreo, emitir informes periódicos y hacer incidencia desde las recomendaciones para que el Estado y la sociedad lean sus responsabilidades con el Legado de la Comisión de la Verdad y las garantías de no repetición.
El primer informe de seguimiento analizó la inclusión de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. El PND “Colombia, potencia de vida”, incluyó 47 recomendaciones del Informe Final de la CEV. Los ejes temáticos incluidos fueron (i) Construcción de paz; (ii) Democracia; (iii) Narcotráfico; (iv) Víctimas; (v) Seguridad; y (vi) Paz territorial. Dentro de las principales acciones adoptadas por el PND 2022-2026 relacionadas con las recomendaciones de la Comisión encontramos:
Por otro lado, en el segundo informe de seguimiento, el CSM analizó el avance de la implementación de las 220 recomendaciones de la Comisión. Los principales hallazgos fueron:
En el tercer informe de seguimiento, el CSM hizo énfasis en analizar la implementación de las recomendaciones de la Comisión relacionadas con la Paz Grande en el marco de la política de Paz Total del actual Gobierno. El Informe Final, en su tomo Convocatoria a la Paz Grande, hace el llamado a que los esfuerzos del país para la construcción de paz deben enfocarse en que esta sea estable y duradera. Una Paz que reconozca las diferencias políticas, territoriales, étnico-raciales, de género y sexualidad, y en general todas las diferencias que nos hacen ser un país diverso. Para ello, nos llama a construir caminos de paz con la otra y el otro, y en ese sentido a establecer espacios de negociación con los diferentes actores armados al margen de la ley que tienen presencia en el país.
Para llegar allí, examinamos el avance en la implementación de 20 recomendaciones relacionadas con la Convocatoria a la Paz Grande realizada por la Comisión, en el marco del surgimiento de diversas iniciativas de negociación y paz actualmente registradas en el país. Estas 20 recomendaciones, relacionadas con la no repetición y el fin del conflicto, se enmarcan en los ejes temáticos de construcción de paz, consolidación de la democracia, acceso a la justicia y erradicación de la impunidad, cultura para la paz y seguridad. El seguimiento tuvo especial énfasis en 13 departamentos del país: Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Arauca, Magdalena, Bolívar (con énfasis en el sur), Cesar, Caquetá, Putumayo y Guaviare. Se analizan los 9 procesos de diálogo de paz entre el Gobierno Nacional y actores armados que se enmarcan en la política de Paz Total, y cómo estos han implementado las recomendaciones priorizadas.
Los principales hallazgos fueron, la fragmentación interna y la falta de cohesión y mando central unificado del Estado Mayor Central (EMC) y de la Segunda Marquetalia dificulta una mesa de diálogos coordinada y consolidada con cada uno de estos grupos; el vacío jurídico sobre cómo se abordará el sometimiento del Clan del Golfo y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente por aquellos armados que son reincidentes. En lo que compete al diálogo con los Comuneros del Sur, el CSM da cuenta de que este proceso muestra la importancia de la articulación con las autoridades territoriales para avanzar en la mejoría de la situación humanitaria de las comunidades, como en el desminado, la búsqueda de personas desaparecidas y el desescalamiento de la violencia.
En materia general de los procesos de paz enmarcados en la Paz Total: La política de Paz Total responde a varias de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para una Paz Grande. Por ello es importante su implementación; sin embargo, la política de Paz Total por sí sola no generará una Paz Grande, se debe complementar esto con la implementación irrestricta del Acuerdo Final de Paz y demás estrategias de seguridad humana y construcción de paz. En esto es clave el papel de los medios de comunicación y su apuesta firme a la construcción de Paz Grande en Colombia, y no a responder a intereses económicos y políticos guerreristas. La Paz Total debe ser integral. No solo se debe reflejar en las mesas de negociación y en los ceses. También se deben implementar medidas para apoyar a las comunidades en los territorios con la política de seguridad humana fortalecida. Así mismo, se deben tomar medidas en el marco de las mesas para cesar actividades económicas que sostienen la guerra por parte de los actores armados, las economías políticas de la guerra o de las conflictividades armadas. Esto evitaría las gobernanzas locales armadas que se identificaron en los territorios.
Por otro lado, en materia humanitaria en los territorios: los ceses al fuego llevados a cabo en el marco de las mesas de negociación han permitido, en algunos casos, alivios humanitarios para las poblaciones en los territorios, lo que se traduce en desescalamiento de la violencia. En otros casos, no se puede afirmar esto, como en Chocó, donde las comunidades han señalado que el confinamiento, el desplazamiento y las amenazas a mujeres lideresas han aumentado. En síntesis, no se puede afirmar que la Paz Total aumentó la violencia, aunque sí se ha venido presentando un incremento de la presencia territorial y/o el control de territorios por parte de los grupos armados. Con todo, no es conveniente establecer una relación causal entre la política de Paz Total y el crecimiento de grupos armados ilegales, si se tiene en cuenta que los indicadores de violencia venían en aumento antes de la formulación de esta política. Hay que resaltar que se han venido implementando medidas humanitarias en medio del conflicto armado que han permitido la realización de ceses al fuego bilaterales (Ejército de Liberación Nacional y Estado Mayor Central) o unilaterales (Segunda Marquetalia), el desescalamiento de acciones armadas (Comuneros del Sur) o el descenso de homicidios como resultado de la creación de mesas o espacios de diálogo con bandas urbanas (Quibdó y Buenaventura).
Frente a la fragmentación de la conflictividad en el país, el Comité de Seguimiento y Monitoreo observa que el Gobierno debe apostar a una paz en los territorios y desde ellos. Mesas territoriales con diferentes actores armados. Acuerdos multilaterales territoriales de cese y no solo bilaterales, porque se sabe que la conflictividad en su mayoría proviene de entre actores armados y no entre actores y la Fuerza Pública del Estado. Se debe fortalecer la mirada territorial de la paz. Una paz que se construya desde los territorios, en los territorios y con las gentes de los territorios. Con participación y presencia del Estado que no dé lugar a gobernanzas locales armadas y su fortalecimiento. Especialmente se debe proteger a las mujeres, niñas, niños, jóvenes y adolescentes y demás grupos excluidos, en los territorios de los grupos armados, que actualmente en el marco de las negociaciones, se han convertido en objetivo de violencia. Así mismo, las mesas de diálogo deben articularse entre sí en los territorios y para que no haya contradicciones entre los acuerdos definidos en lo nacional y lo territorial. Finalmente, es clave e importante continuar esfuerzos de alivio humanitario en las mesas, especialmente de cese del reclutamiento y uso de minas.
La territorialización de la paz y de las negociaciones con grupos armados, especialmente en aquellos territorios donde persisten las conflictividades armadas debe ser una prioridad en relación con la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Esto debería implicar ceses multilaterales al fuego para generar alivios humanitarios a las comunidades; sumado a la voluntad real por parte de los grupos armados para continuar en una salida negociada a las conflictividades armadas. Para ello, también solicitamos cuatro asuntos que son claves de parte del Estado: a) la creación y adopción de una estrategia jurídica de sometimiento que responda a las negociaciones con grupos armados no políticos y/o reincidentes, que mantenga un enfoque de no repetición para las víctimas; b) la protección integral a las comunidades, a defensoras/es de DDHH y liderazgos sociales, con el fin de que continúen sus labores con plenas garantías; c) intencionalidad por parte del Gobierno y las diferentes partes de las mesas, por incluir e incorporar las voces de la sociedad civil en las agendas de negociación y d) una pedagogía asertiva y que llegue a los diferentes territorios para mantener la transparencia de las diferentes mesas de negociación con las comunidades y así promover su apropiación.
Esperamos que materializando en el tiempo y en el espacio acciones concretas, articuladas a los planes de desarrollo y a las acciones de políticas sociales y culturales del país, tanto a escala territorial como nacional, se podrán implementar efectivamente las recomendaciones y estas, serán el mecanismo clave para la no repetición y las garantías de reparación integral.
Este boletín es producido por La Paz Querida con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en Colombia-PNUD y Humanity United.
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