Hacer los ajustes normativos, institucionales y presupuestales necesarios para garantizar la cobertura, acceso, calidad, pertinencia y permanencia en la educación para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las zonas rurales de todo el territorio nacional, con el fin de que logren trayectorias educativas completas que les permitan emprender proyectos de vida alejados de la confrontación armada y la ilegalidad, y consolidarse como generaciones para la paz. Para ello se recomienda: (i) Diseñar e implementar un plan de choque con el fin de revertir la deserción escolar en zonas rurales, profundizada por la pandemia causada por el COVID-19. (ii) Garantizar la implementación del Plan Especial de Educación Rural y su articulación con los Planes de desarrollo locales y los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), de manera que se adopte una oferta educativa rural diferenciada, acorde con los propósitos y aspiraciones locales. (iii) Garantizar que, desde su autonomía, los pueblos étnicos fortalezcan sus procesos de educación propia e intercultural con disponibilidad de docentes especializados. (iv) Articular y realizar alianzas con instituciones de educación públicas y privadas que permitan garantizar cobertura, acceso y permanencia en la educación superior, profesional, técnica y tecnológica de las poblaciones rurales, así como la nivelación académica y la cobertura de los gastos de manutención. (v) Cumplir estrictamente el derecho internacional y su disposición de impedir el uso de infraestructuras educativas con fines militares, y proteger la infraestructura y las personas de ataques en situaciones de conflicto armado.