Al Estado, bajo el liderazgo del Gobierno nacional, con el concurso de las autoridades territoriales y étnicas, impulsar sistemas agroalimentarios que sean económica, social y ambientalmente sostenibles; que estén basados en una relación equitativa, solidaria y armónica entre las zonas urbanas y rurales; que estén dirigidos a que las poblaciones vulnerables puedan participar como productoras o consumidoras de alimentos de calidad óptima para la salud humana; y que sean producidos, transportados y distribuidos en condiciones laborales y comerciales justas. Se recomienda incluir en los instrumentos de ordenamiento territorial y, en aquellos que definen el acceso y uso de la tierra, la delimitación de zonas para la producción de alimentos a pequeña y mediana escala. Esta debe acompañarse de medidas para el fortalecimiento de las economías campesinas y de los sistemas alimentarios étnicos.