Bienvenidas y bienvenidos a la plataforma SEREMOS. Aquí encontrarán espacios de articulación de acciones para la implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la apropiación de su Legado.
Al Estado colombiano, a través del Gobierno Nacional y el Congreso de la República, a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, incluyendo al Consejo Superior de la Judicatura, implementar un cambio sustancial en la política de drogas, teniendo en cuenta la evidencia, que incluya superar el prohibicionismo y transitar a la regulación de los mercados de droga. Este cambio debe dejar atrás el abordaje del problema de las drogas como un asunto de seguridad nacional y debe contribuir a desmilitarizar la relación entre el Estado y la ciudadanía. Lo anterior debe darse sobre la base del respeto a los principios constitucionales y de las obligaciones adquiridas por el Estado en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Además, debe basarse en principios como la reducción de riesgos y daños, la salud pública, el desarrollo sostenible, la participación, la descentralización, el enfoque territorial/regional y el enfoque diferencial. Para tal fin, en concreto, se recomienda: ● Liderar y promover un debate internacional para la modificación del régimen global basado en la prohibición de las drogas y así avanzar hacia un régimen regulatorio. Realizar la Conferencia Internacional propuesta en el Acuerdo Final de Paz es un primer paso en este sentido.
● Garantizar espacios de interlocución, diálogo y concertación con las autoridades territoriales y étnicas, las comunidades, sus organizaciones, la academia y las organizaciones de derechos humanos y especializadas, frente al diseño, la implementación y el seguimiento de la política de drogas en los territorios. Estos espacios también deben servir para identificar y compartir propuestas que permitan avanzar hacia la regulación.
● Crear espacios de reconocimiento y diálogo con las personas y comunidades de manera que puedan compartir sus testimonios y así visibilizar impactos ambientales, sociales, culturales y políticos del narcotráfico y la política prohibicionista, y las diferentes formas para atenderlos y superarlos.
● Abordar los cultivos de coca y los procesamientos primarios exclusivamente desde un enfoque de derechos humanos y desarrollo y no como un problema de seguridad nacional.
Esto implica:
– Desmilitarizar la respuesta del Estado frente a los cultivos, los territorios y las poblaciones afectadas y renunciar definitivamente, sobre la base de la evidencia, a la aspersión con glifosato.
– Rediseñar con la participación de las comunidades campesinas y los pueblos étnicos las estrategias para hacer frente a los cultivos de coca, marihuana y amapola para garantizar la inclusión social y económica de los diferentes territorios con presencia de cultivos, con un enfoque étnico, etario, de género, de derechos de las mujeres y de acción sin daño. De igual modo, mientras que se avanza en la regulación, es imperativo garantizar una asignación de recursos coherente con esa inclusión, sin perjuicio del necesario cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del Programa Nacional de Sustitución de cultivos (PNIS).
● Realizar los ajustes institucionales, normativos y presupuestales necesarios para garantizar la implementación de la política frente al consumo basada exclusivamente en la prevención y atención, con un enfoque de salud pública, derechos humanos y reducción del daño, dejando atrás la persecución policial y criminalización del consumidor y fortaleciendo la atención al consumo problemático en territorios urbanos y rurales
● Revisar los indicadores para medir el éxito de la política de drogas con el fin de que permita realmente medir sus impactos de largo plazo y tengan en cuenta la necesidad de un nuevo enfoque basado en los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo sostenible.
● Respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, promover su aplicación y prever condiciones para una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso, evitando que existan apropiaciones sobre el recurso genético a través de patentes o figuras similares.
● Garantizar apoyo y financiación para la investigación interdisciplinaria de los usos medicinales, agroindustriales, nutricionales y otros usos alternativos de la hoja de coca y la marihuana.
● Mientras que se avanza a la regulación, es necesario racionalizar la acción penal, aplicando el principio de proporcionalidad de la respuesta penal frente a la gravedad del delito, concentrando su ejercicio en los actores de la cadena que generan violencia, lavan dinero y se lucran de las actividades ilegales. También es necesario aplicar medidas alternativas a la privación de la libertad, e impulsar la excarcelación y otras medidas para la inclusión social y productiva y la atención psicosocial de personas privadas de la libertad por delitos menores.
