Bienvenidas y bienvenidos a la plataforma SEREMOS. Aquí encontrarán espacios de articulación de acciones para la implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la apropiación de su Legado.
Al Estado colombiano, bajo el liderazgo del Gobierno Nacional, y del Congreso de la República realizar los ajustes normativos, institucionales, culturales y políticos necesarios para dar garantías al ejercicio de la movilización y la protesta como derecho y a la primacía del diálogo amplio y plural como respuesta a la misma. Lo anterior, sobre la base de un diálogo que promueva en la sociedad en su conjunto una comprensión de la conflictividad social y las manifestaciones derivadas de la misma, como una dinámica legítima y propia de la democracia y que permita concertar las medidas necesarias teniendo en cuenta los avances y recomendaciones realizadas por las Cortes, organizaciones de derechos humanos y organismos intergubernamentales y el espacio de diálogo nacional llevado a cabo en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz. Las garantías deberán incluir, entre otras:
● La creación de capacidades e instancias formales e informales de participación y diálogo en todas las instituciones como mecanismo de prevención y manejo de la conflictividad social
● Mensajes públicos de las autoridades del Estado del más alto nivel de respeto y respaldo a las manifestaciones legítimas de protesta social, y de rechazo a la violencia como medio de resolución de la conflictividad social.
● Medidas para evitar el uso del sistema penal y las acciones policivas y otras normativas como mecanismos de represión de las movilizaciones y protestas sociales pacíficas y legítimas, y de la labor de las personas y medios de comunicación que ejercen la libertad de expresión y de prensa. Se debe garantizar, así mismo, el derecho a la información a través de capacitaciones, entrenamientos, sensibilización y pedagogía sobre el acompañamiento y la garantía de la protesta social como derecho. Estos deben incorporar un enfoque étnico, de género y de derechos de las mujeres.
● Acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y las Personerías Municipales y el reconocimiento y facilitación de mecanismos de acompañamiento y supervisión provenientes de las organizaciones y movimientos sociales.
● La reducción a cero de homicidios, lesiones con arma de fuego o por uso desproporcionado o innecesario de la fuerza, tratos crueles e inhumanos, torturas, detenciones ilegales o arbitrarias, violencia sexual y de género, y otras graves violaciones a los derechos humanos que puedan ser de responsabilidad de miembros de la Policía Nacional.
Esto se puede lograr mediante la implementación de, entre otras:
i) la aplicación estricta de los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza para el control y la contención de disturbios en protesta social;
(ii) la trazabilidad del mando de las autoridades durante la contención y control de los disturbios que se presenten en el ámbito de protestas sociales;
(iii) la neutralidad de la fuerza pública, incluso cuando las manifestaciones se dirijan contra el Estado o el Gobierno; y
(iv) el control efectivo de los funcionarios de la policía teniendo en cuenta las recomendaciones sobre el fortalecimiento de los controles de la fuerza pública contenidas en el numeral 32 fortalecimiento de los controles de la fuerza pública.
● La prohibición de la intervención militar en operativos de control y contención de los disturbios surgidos en situaciones de protesta y la movilización social
● La reforma o eliminación del ESMAD e incorporación de procesos de formación públicos y evaluables para prevenir la estigmatización y criminalización de movimientos y organizaciones sociales. Es necesario, igualmente, garantizar el cumplimiento de los estándares sobre uso de la fuerza por parte de instituciones policiales.
