Bienvenidas y bienvenidos a la plataforma SEREMOS. Aquí encontrarán espacios de articulación de acciones para la implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la apropiación de su Legado.
Al Gobierno Nacional, asumir el compromiso de liderar los reconocimientos extrajudiciales de responsabilidad y de la dignidad de las víctimas sobre la base de los avances, experiencia y criterios de la Comisión, dando prioridad a los reconocimientos de responsabilidad de hechos sufridos por sujetos de reparación colectiva. Estos deben contar con acompañamiento psicosocial a lo largo de todo el proceso, y deben retomar la metodología de la Comisión para que contribuyan al goce efectivo de los derechos de las víctimas y puedan configurarse como medidas de satisfacción. Para tal fin, es menester asignar los recursos necesarios a la entidad que los lidere. Dicho esquema debe garantizar una adecuada articulación con los procesos judiciales (Justicia Especial para la Paz, Justicia y Paz y la política de sometimiento) para asegurar los incentivos necesarios. Todo lo anterior se deberá realizar con el acompañamiento de organizaciones sociales y de derechos humanos. Entre estos reconocimientos por parte del Estado, está el reconocimiento de la responsabilidad en las ejecuciones de personas presentadas como muertas en combate, llamadas “falsos positivos”, la dignidad de las víctimas y el derecho al buen nombre. El reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el paramilitarismo durante décadas del conflicto armado, como parte del derecho a la verdad de sus víctimas y del necesario compromiso en la no repetición. Igualmente el Estado debe reconocer su responsabilidad en casos masivos como en el genocidio de la Unión Patriótica, que conllevaron un enorme impacto al pluralismo político y la democracia. El reconocimiento a víctimas que han sido invisibles o han estado por fuera de las políticas de atención, como la Colombia que tuvo que salir del país por motivos del conflicto armado, los funcionarios de justicia que fueron víctimas del conflicto armado, así como otros sectores y comunidades colombianas, debe ser parte de la nueva institucionalidad propuesta por la Comisión y debe contar con la necesaria voluntad política de las autoridades. El Estado debe estar dispuesto en el marco del trabajo de reconciliación a favorecer e impulsar el reconocimiento de entidades públicas o privadas que han tenido graves responsabilidades en el conflicto armado interno, como una muestra de ruptura con el pasado de violencia y un compromiso con la defensa de los derechos humanos.
