Al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, con el apoyo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), diseñar e implementar una estrategia integral de sometimiento –individual y colectivo– como parte de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales –entendidas como entramado de diferentes actores armados, políticos, sociales y económicos, incluyendo las organizaciones herederas del paramilitarismo–, que contribuya a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Para esto, se recomienda:
● Fortalecer el análisis de contexto, la caracterización y el diagnóstico de los diferentes grupos, sus tipologías, su estructura, sus motivaciones y sus formas de financiación y objetivos, con el fin de responder a las particularidades de la criminalidad organizada.
● Establecer una estructura de incentivos judiciales y en materia de saneamiento de bienes, y condiciones para acceder y mantener los beneficios que se relacionen con la contribución al esclarecimiento del fenómeno criminal y a la satisfacción de los derechos de las víctimas.
● Establecer como prioridad en la investigación penal la violencia sistemática que ocasiona violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, así como los actos de corrupción a gran escala vinculados con la criminalidad organizada y sus redes de apoyo. ● Garantizar que la definición de la situación jurídica de quienes se sometan ocurra en un periodo de tiempo razonable.
● Garantizar el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes que hacen parte de los grupos armados ilegales y adoptar medidas efectivas que contribuyan a su desvinculación.