Este fin de semana, el ELN anunció que su delegación de diálogos de paz se dirigía a Caracas con el propósito de reactivar la mesa de negociaciones, hacer un balance de los avances y desbloquear el proceso, encontrando salidas a la crisis que ha afectado el curso de los diálogos en los últimos meses.
Para quienes creemos en una salida política y negociada al conflicto armado, estas señales de voluntad para dialogar son alentadoras. Sin embargo, amplios sectores de la sociedad colombiana, que en algún momento confiaron en la voluntad de paz, hoy observan con escepticismo este proceso. Recuperar esa confianza, tanto en la mesa como fuera de ella, es fundamental para que el pueblo colombiano respalde los acuerdos alcanzados y sienta que estos reflejan sus intereses.
Para abordar la crisis es necesario hacer un balance de los resultados conseguidos hasta ahora en la mesa de diálogo. Aunque el camino recorrido antes de la crisis ha dejado un saldo positivo en términos de desescalamiento del conflicto, las constantes violaciones a los protocolos del cese al fuego han afectado la percepción de avance. Informes de la Mesa de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego señalan una reducción considerable en las confrontaciones armadas. Sin embargo, se hace contradictorio que, a pesar de estos progresos, ciertos eventos opacan lo logrado, como el secuestro del familiar de un deportista reconocido, intensas acciones militares en zonas rurales y una comunicación antagónica entre los mensajes de la mesa y las declaraciones de los mandos militares.
En este contexto, es importante recordar que el gobierno colombiano y el ELN han pactado anteriormente ceses al fuego que, si bien han tenido incidentes, han permitido reducir los enfrentamientos. Los recientes conflictos, no obstante, reflejan tensiones persistentes y una desconfianza latente. El alto comisionado para la paz ha insistido en que la ciudadanía debe ser el eje central del proceso, lo cual se reafirma mediante la inclusión de líderes de organizaciones civiles y de derechos humanos en el monitoreo, con el fin de fortalecer la transparencia y legitimidad de lo pactado.
Además, los últimos informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia subrayan que, aunque el cese al fuego bilateral ha enfrentado dificultades, la mayoría de las comunidades afectadas perciben una mejora en términos de seguridad. Esto da un margen de oportunidad para fortalecer la mesa de diálogo y abordar las tensiones estructurales de manera definitiva.
Por eso es contradictorio que teniendo tantos factores a favor, el ELN se empeñe en sembrar dudas sobre la voluntad real de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado y abra paso a la reconciliación nacional, la reparación de las víctimas, la reconstrucción del tejido social y el acceso a la verdad, fortaleciendo la memoria de lo que como sociedad no queremos repetir.
Colombia lleva 60 años de confrontación armada, y en este tiempo se ha evidenciado que la paz se construye desde las reivindicaciones populares y con la inclusión de aquellos sectores históricamente excluidos. Uno de los logros del proceso con el ELN es precisamente la participación ciudadana: 78 encuentros en todo el país, en los cuales más de 8,000 personas, representando a más de 3,000 organizaciones sociales, comunitarias y étnicas, han contribuido a un documento técnico y político que recoge el sentir de la ciudadanía sobre la paz. La participación civil se ha convertido en el pilar fundamental de estos diálogos, y truncar este camino sería como abrir una herida en el espíritu colectivo de reconciliación que necesita el proceso.
Para superar la crisis y el congelamiento en la mesa de diálogo, los compromisos de cumplimiento deben ser asumidos por ambas partes y adaptarse a las nuevas realidades del proceso. Es evidente que el diálogo territorial con los Comuneros del sur en Nariño ha sido parte de la crisis actual, cuestionando la línea de mando del ELN, pero también exponiendo la necesidad de ajustes metodológicos en el gobierno. Este ajuste es indispensable para que los diálogos en Caracas puedan avanzar. Además, imponer inamovibles en la mesa resulta contraproducente; respecto al fondo de financiación, por ejemplo, se había acordado que este se destinaría a iniciativas de paz que se pactaran en la mesa, no a la estructura militar del ELN. Presentar este punto como un incumplimiento y usarlo como pretexto para acciones militares mina la confianza en el proceso y da una sensación de chantaje.
En este contexto, cabe señalar que el ELN se encuentra en un momento histórico: desde 1990, este grupo insurgente ha tenido espacios de diálogo con todos los gobiernos, excepto con el de Iván Duque. La pregunta es qué necesita el ELN para firmar la paz y si está realmente comprometido con un acuerdo que coloque en el centro del debate las transformaciones para la gente. Mantener una situación de guerra solo agrava el sufrimiento de la población y profundiza un conflicto que, con el tiempo, ha visto debilitada su base ideológica. Prolongar la guerra golpea sobre todo a los sectores populares, y significa, además, negar las posibilidades de reconciliación para un país desquebrajado por más de 60 años de confrontación.
Es el momento de asumir las banderas de la paz. De lo contrario, condenamos a cientos de jóvenes a ser los protagonistas de la barbarie y la guerra que Colombia no puede permitirse continuar.
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