Alzar la voz por la paz urbana en Medellín

«La paz urbana agoniza» —El Espectador, 2024— y «La paz total urbana, eclipsada y estancada» —El País, marzo 14 de 2024— son algunos de los titulares con los que la prensa nacional e internacional se refieren a lo alcanzado hasta ahora por la mesa instalada por el Gobierno nacional para el diálogo socio jurídico con las estructuras criminales de alto impacto de la ciudad. Y si en los titulares de la prensa llueven críticas, en columnas y notas de opinión de académicos y expertos sobre el tema tampoco escampa: «¿Por qué es tan difícil conseguir la paz en Medellín?» —Pares, junio 6 de 2024— o «El letargo de la paz urbana y la fragilidad de las treguas» —FIP, junio 14 de 2024—, son algunos ejemplos.

Y es que la tristeza, la frustración o la desesperanza resultan ser los sentimientos predominantes al momento de hacer un balance sobre el avance de los esfuerzos para la construcción de la paz urbana en la ciudad. Con toda razón. El panorama no es el mejor. El ritmo es bastante lento y los reclamos a los gobiernos nacional, departamental y distrital para revitalizar el escenario del diálogo urbano no se han hecho esperar. Lo que en el fondo no es tan malo, porque ante el silencio paralizante de la desesperanza no hay más alternativas que alzar la voz.

En ese sentido debe entenderse el más reciente pronunciamiento a la opinión pública realizado por el grupo de investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia, a propósito del estado actual del diálogo socio jurídico en Medellín, y en el que se solicita al gobierno nacional y departamental, a la administración distrital y a las estructuras armadas ilegales, entre otras cosas, hacer pública la agenda del espacio de negociación. De igual forma, se insta a la presidencia y al Congreso de la República para presentar un proyecto de ley de sujeción para las estructuras armadas, así como la necesidad de avanzar en la construcción de gestos bilaterales de paz.

El pronunciamiento es claro y se necesitan muchos más. Es por ello que, en lo que sigue, expongo algunas ideas que refuerzan ese pronunciamiento público bajo el entendido de que, sólo así, podemos vencer el devenir aletargado del diálogo por la paz urbana en Medellín.

Primero, y soy consciente de que ya se ha dicho, hasta el cansancio, la paz urbana requiere un marco jurídico que delimite el alcance de la conversación con los grupos y organizaciones armadas de la ciudad. Las experiencias previas que ha vivido Medellín, así como otros procesos internacionales de paz urbana, pueden ser orientadoras del diálogo o la negociación, pero no resuelven la urgencia de un marco legal que distinga, por ejemplo, de qué forma puede hacerse la paz con los grupos armados no rebeldes. Colombia, sin lugar a duda, es un referente internacional en el diseño de marcos jurídicos para los procesos de negociación con las insurgencias armadas, pero en cuestión del diálogo por la paz urbana ese acumulado parece insuficiente.

Recientemente algunos medios de comunicación —El Espectador, septiembre 9 de 2024— dieron a conocer un borrador de decreto presidencial que crea un marco operativo para la negociación y el diálogo con grupos armados ilegales. El borrador del decreto del ejecutivo en el que se define el carácter de los actores de la negociación y el diálogo, el tipo de escenarios dispuesto para ellos, e incluso las referencias a la creación de zonas temporales de ubicación, sugieren que el camino legislativo para la construcción de dicho marco legal es largo y espinoso, por tanto, lo más claro hasta el momento para los interesados en el avance de los diálogos sería apegarse ese marco operativo aún con las dudas, o tal vez certezas, de que su alcance normativo es limitado.

Segundo, el paso cansino de la paz urbana en Medellín es también el resultado de lo que nombraría, en este caso, como un alto nivel de polarización entre las instituciones del Estado nacional y local respecto de la forma como se construye la paz en los entornos urbanos. Esto es, para mayor claridad, la amplia distancia entre las preferencias del gobierno nacional por ampliar el alcance de la paz total en las ciudades y las preferencias del gobierno departamental y distrital por definir condiciones de seguridad y legalidad como principios y no como horizontes del diálogo urbano por la paz. Esa polarización entre las preferencias y condiciones para hacer la paz urbana hace que el diálogo socio jurídico en Medellín pase no sólo por la voluntad de las estructuras armadas, sino por las voluntades del Estado nacional, a quien se le exige presencia, y, por supuesto, del Estado local. A este último hay que pedirle más voluntad, pues, si algo distingue a los procesos de paz urbana en contraste con la negociación de la paz con los rebeldes armados, es que el actor armado ilegal con el que se dialoga en las ciudades es más que nada un desafiante armado del Estado local.

Tercero, el diálogo socio jurídico para la paz urbana en Medellín, y otras ciudades del país que viven procesos similares, requiere precisar qué asuntos, de los que allí se discuten, son específicamente políticos. Para ello, hay que distinguir entre las condiciones que definen el carácter político del actor armado ilegal que busca dialogar con el Estado y las condiciones políticas que requiere la paz con este tipo de agrupaciones. Las dos cosas guardan relación, pero no son lo mismo. Así, es necesario que, en el marco del diálogo, la negociación o la sujeción de las estructuras armadas, se prioricen acuerdos de tipo político sobre asuntos como el ejercicio de su gobernanza armada, el control territorial y poblacional ejercido en los barrios y comunas de la ciudad. Lo anterior, dado el potencial transformador que tienen estas prácticas sobre la construcción de la paz urbana.

Por último, la paz urbana requiere que la sociedad civil esté en el centro de lo discutido y lo acordado. Lo anterior, no sólo en términos de la consolidación de espacios autónomos para su incidencia, sino en la respuesta a demandas específicas de la ciudadanía como hacer público el contenido de los diálogos, definir los protocolos de participación, o lo más importante, definir en qué ámbitos de su vida cotidiana resultan urgentes los gestos bilaterales de quienes dialogan para la construcción de la paz. Todos los gestos de paz en el marco del diálogo socio jurídico son bienvenidos, pero es la sociedad civil la más indicada para valorar cuáles son aquellos más esperados.

En conclusión, los esfuerzos por la paz urbana de Medellín requieren, más que nada, de las voluntades del Estado nacional y local, de las condiciones jurídicas y políticas que definan el alcance del diálogo, la negociación o la sujeción de los actores armados no rebeldes. De los gestos de paz cotidiana anhelados por la ciudadanía. Y, claro está, de alzar la voz. O las voces. Y sumarlas. Hablar en coro por la paz.