Realizar los ajustes necesarios a la institucionalidad del orden local y nacional encargada de los distintos aspectos del desarrollo territorial –i.e., el uso adecuado del territorio según la oferta ambiental, el ordenamiento y la mejor distribución de la propiedad rural, y la provisión de bienes y servicios públicos–-, de manera tal que se garantice la coordinación y la articulación entre las tres dimensiones que la componen. También se debe garantizar la capacidad presupuestal y operativa para atender las necesidades de inclusión social y productivas de la población directamente en el territorio. Esto debe hacerse en diálogo permanente con las comunidades y autoridades territoriales.