Bienvenidas y bienvenidos a la plataforma SEREMOS. Aquí encontrarán espacios de articulación de acciones para la implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la apropiación de su Legado.
Al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, establecer mecanismos para superar y prevenir los conflictos de uso de suelos, subsuelos y cuerpos hídricos, para garantizar los servicios ecosistémicos esenciales, la disponibilidad de tierras de cultivo para garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias de la población, y la pervivencia y el bienestar de las comunidades en sus territorios. Entre ellos, sugerimos: (i) Ajustar el marco normativo e institucional que regula el régimen de utilidad pública y de conceptos análogos, como interés nacional y estratégico, relacionados con proyectos a gran escala o intensivos en el uso territorial (en particular, las actividades de megaminería e hidrocarburos, entre otras). Lo anterior debe hacerse para garantizar la participación efectiva de las comunidades y autoridades territoriales en las decisiones que les afecten y la plena garantía de los derechos humanos, ambientales y territoriales. (ii) Definir estrategias y mecanismos eficientes para la coordinación y concertación de las diversas políticas públicas que afecten el suelo, subsuelo, el espacio aéreo, la plataforma submarina o cuerpos hídricos, y las políticas sectoriales del gobierno nacional (minero-energéticas, ambientales, agropecuarias, de vivienda, infraestructura, etc.) con los gobiernos y las autoridades territoriales, garantizando siempre una participación incidente de las comunidades locales. (iii) Crear espacios locales permanentes de diálogo multiactor entre las comunidades locales, las autoridades territoriales, autoridades étnicas y la sociedad civil y, cuando sea pertinente, el gobierno nacional, que conduzcan a pactos locales que permitan construir acuerdos y solucionar conflictos. (iv) Fortalecer el derecho a la consulta previa y demás mecanismos de participación, diálogo e interlocución con las autoridades y pueblos étnicos mediante, entre otras, una institucionalidad especializada en el diálogo intercultural. Esta debe contar con presencia territorial y con las capacidades técnicas y presupuestales suficientes para garantizar y proteger los derechos de los pueblos étnicos.
