Al Gobierno nacional, distribuir al menos tres millones de hectáreas –adicionales a las de formalización de baldíos– a campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente que: ● Estén ubicadas dentro de la frontera agraria y dotadas de bienes y servicios básicos y cuya tenencia actual no esté en manos de sujetos de reforma agraria. ● Provengan de los procesos agrarios y también de la extinción judicial de bienes rurales asociados a actividades ilícitas con vocación para la reforma agraria a partir de un plan formulado conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación. Este debe garantizar que la persecución de estos bienes sea una de sus prioridades de política criminal.