Bienvenidas y bienvenidos a la plataforma SEREMOS. Aquí encontrarán espacios de articulación de acciones para la implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la apropiación de su Legado.
Al Congreso, al Gobierno nacional y autoridades territoriales, diseñar e implementar una estrategia de desarrollo territorial y sostenible para la equidad y la paz territorial para revertir las grandes desigualdades que han caracterizado históricamente la configuración de los territorios rurales y construir una relación equitativa entre el país urbano y el rural, que se fundamente en un proceso de ordenamiento territorial participativo, sostenible y multicultural que permita construir una visión de territorio y futuro compartidos, y que además: Dé cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo final de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, especialmente aquellas sobre Reforma rural integral y sustitución de cultivos de uso ilícito, así como otras destinadas a lograr una mayor equidad como fundamento para la paz territorial Promueva relaciones de confianza entre las comunidades rurales y las instituciones del Estado. Garantice los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones del campo; en particular el acceso a la tierra, al territorio y a los bienes y servicios públicos, en paz y en condiciones de igualdad. Garantice los enfoques diferenciales transversales e interseccionales y promueva medidas afirmativas para los pueblos étnicos, el campesinado, las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, las personas en condición de discapacidad o diversidad funcional, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la tercera edad, así como para los demás grupos y comunidades históricamente violentadas. Garantice la participación incidente de la ciudadanía, particularmente de las autoridades territoriales, los pueblos étnicos, las organizaciones sociales y las comunidades locales. Garantice la seguridad y la soberanía alimentaria de toda la población del país. Conduzca al fortalecimiento y la reconstrucción del tejido social y económico, con énfasis en las regiones más afectadas por el conflicto. Contribuya a prevenir y gestionar los conflictos socioambientales, en particular, los derivados de las actividades de megaminería, hidrocarburos, explotación forestal, agroindustria, megainfraestructura y ganadería extensiva, entre otras economías extractivas, de gran escala o intensivas en el uso de tierras y territorios. Esto implica una amplia discusión sobre los usos adecuados de los territorios y sus condiciones, de tal manera que se entienda el fortalecimiento económico y productivo desde su necesaria compatibilidad con el cuidado ambiental y el bienestar de las comunidades locales. Atienda los efectos del conflicto armado y de las actividades económicas legales e ilegales sobre la degradación ambiental y el cambio climático, a través de acciones encaminadas a su contención, a la protección y el cuidado de los ecosistemas, del agua y de la tierra como bienes fundamentales para el interés general y el bien común, y a impedir nuevos ciclos de violencia alrededor de recursos y territorios. Incluya las recomendaciones relativas a justicia, seguridad y participación política de las comunidades rurales formuladas en otras secciones, así como las que proponemos a continuación:
