Revisar y ajustar la doctrina de las Fuerzas Militares y de la Policía, teniendo en cuenta los ajustes a roles y misiones y la nueva visión de seguridad, a través de un proceso transparente y público. Para ello, se recomienda: * Garantizar que la fuerza pública no realice labores sociales ni obras civiles en los territorios que pongan en riesgo a la población civil o la comprometan en las hostilidades. * Garantizar que las personas desmovilizadas o desvinculadas individualmente o colectivamente de grupos armados ilegales no participen en operaciones militares o de inteligencia, más aún cuando se trate de niños, niñas y adolescentes desvinculados. * Garantizar, sobre la base de los principios de exclusividad, distinción y autonomía de la sociedad civil, que no se involucre a la población civil en redes de apoyo de operaciones de inteligencia o militares.