Al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales, incluidas las autoridades étnicas, con apoyo de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos, en particular de quienes viven en zonas rurales, a través de mecanismos judiciales y no judiciales, con incorporación de los enfoques étnico, de género y de derechos de las mujeres. Para esto, se sugiere: ● Tramitar y expedir un proyecto de ley para crear una jurisdicción agraria con herramientas institucionales, procesales, funcionarios y auxiliares de justicia especializados y métodos alternativos de resolución de conflictos que le faciliten a los ciudadanos resolver y evitar el escalamiento de las controversias sobre el uso, la tenencia y la propiedad del suelo rural, incluidas aquellas de carácter ambiental. Lo anterior debe tener en cuenta la articulación con mecanismos propios de las justicias comunitarias, cuando sean pertinentes. ● Diseñar y promover una política pública de articulación de la jurisdicción ordinaria y las justicias propias de los pueblos étnicos, que se construya conjuntamente con sus autoridades representativas. Como parte de la política se debe promover, en el marco de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas, la creación de la Ley de articulación de la Jurisdicción Especial Indígena y la jurisdicción ordinaria. ● Crear o fortalecer las capacidades institucionales, tanto municipales como departamentales, en materia de justicia y resolución de conflictos con los propósitos de articular y reconocer en igualdad la justicia formal y las distintas justicias comunitarias, y garantizar la formación y empoderamiento de actores comunitarios. Así mismo, es necesario profundizar los programas y prácticas de justicia restaurativa en toda la oferta de resolución de conflictos y de administración de justicia, para privilegiar estrategias que restablezcan los lazos comunitarios, reparen los daños causados por el ofensor y complementen los enfoques puramente retributivos. ● Impulsar procesos de resolución de conflictos territoriales entre pueblos étnicos y comunidades campesinas con el fin construir verdaderos ejercicios de gobernanza intercultural.