Al Estado colombiano, la sociedad en general, Gobierno Nacional, a las autoridades territoriales incluyendo las autoridades étnicas, al Consejo Nacional de Paz, a los Consejos Territoriales de paz, a los partidos políticos y, a las organizaciones sociales, con acompañamiento del Ministerio Público, promover diálogos locales y regionales que incentiven la participación de los diversos sectores sobre los intereses y el rol que estos han desempeñado en el conflicto armado, y rechazar definitivamente la violencia como medio de resolución de conflictos, Lo anterior, en el marco de la construcción de un Pacto Nacional de rechazo a la violencia y un compromiso de exclusión de las armas de la política