Al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y las secretarías municipales y departamentales de salud, fortalecer los programas de atención en salud integral (física y mental) y psicosocial, partiendo del reconocimiento y valoración de las necesidades de cada región, para atender el trauma social individual y colectivo dejado por la guerra, orientado hacia:
(i) Garantizar el acceso a la atención psicosocial con énfasis en un enfoque colectivo y territorial que incluya a víctimas, personas en proceso de reincorporación y reintegración, funcionarios públicos, miembros de la fuerza pública, trabajadores de la salud, comunidades educativas, comunidades de fe y, en general comunidades, afectadas por el conflicto armado.
(ii) Fortalecer la atención en salud integral y psicosocial para las víctimas del conflicto armado, garantizando la continuidad del servicio, la formación del personal, la sostenibilidad de los procesos y la ampliación de cobertura en general a través de, entre otras, la puesta en marcha de estrategias móviles en zonas rurales.
(iii) Promover el reconocimiento y articulación con sistemas y prácticas de salud propios de los pueblos étnicos. (iv) Crear y fortalecer capacidades (protocolos y formación) para atender impactos particulares y desproporcionados de ciertos hechos victimizantes como tortura, desaparición forzada, secuestro, exilio, orfandad, violencias sexuales y reproductivas, de género y reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
(v) Garantizar la atención a todas las víctimas que estén adelantando procesos o se encuentren acreditadas ante instituciones del Sistema Integral para la Paz, independientemente de su inclusión en el Registro Único de Víctimas.